El juez federal de Quilmes estableció que el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, deberán desembolsar $5.000 de sus bolsillos por cada día de incumplimiento de las nuevas medidas estipuladas.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, aplicó por primera vez multas a funcionarios públicos por el incumplimiento de obligaciones en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema en la causa Mendoza, donde el Máximo Tribunal ordenó en el 2008 llevar adelante un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
El magistrado ordenó a Bibiloni, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que en cinco días comience con la construcción de un muro perimetral. En el caso de Díaz Pérez, dispuso que en 48 horas reintegre los 2.700.000 de pesos destinados a esa obra, que nunca se utilizaron.
A su vez Armella exhortó a Bibiloni a que “asuma un mayor compromiso” con el cumplimiento del fallo de la Corte, y al intendente de Lanús a que “preste la colaboración necesaria” con la ACUMAR y prevea “todas las acciones” para realizar las obras pendientes en el camino de la ribera.
Asimismo, y a fin de verificar el efectivo cumplimiento del saneamiento y recomposición en ejecución, el magistrado dispuso que personal del juzgado a su cargo podrá constituirse en cada lugar de emplazamiento donde deban constatarse las obras programadas.
En la misma disposición, Armella intimó al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Omar Rossi; al director de Vialidad provincial, Arcángel José Curto, y al mismo Homero Bibiloni, a que en 30 días desalojen asentamientos precarios y cualquier obra edificada en los márgenes linderos al Riachuelo ubicados sobre el predio conocido como “La Salada“, de esa localidad bonaerense, también bajo apercibimiento de la aplicación de una multa por cada día de demora y por igual monto que la anterior.
